La renuncia de Verónica Hernández Giadáns como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), presentada este lunes ante el Congreso de Veracruz, no solo cierra un periodo institucional; también reaviva los señalamientos sobre los vínculos políticos que marcaron su ascenso, particularmente su cercanía con el entonces secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos.
Durante la sesión ordinaria, el Legislativo dio lectura al documento en el que la exfiscal agradece haber sido considerada para el cargo que asumió en septiembre de 2019, tras la remoción de Jorge Winckler Ortiz. En su carta, Hernández Giadáns subraya haber sido la primera mujer en encabezar la institución y afirma haber impulsado una transformación profunda en la procuración de justicia.
En su balance, destacó la homologación salarial, la profesionalización del personal y proyectos como la Unidad Integrada de Servicios Médicos Forenses de Nogales y el Laboratorio de Antropología Forense. Según ella, la Fiscalía “rompió el círculo vicioso” de desorganización y precariedad que afectaba la investigación de delitos.
También aseguró que la institución avanzó en el combate a la corrupción y en la atención a víctimas, recuperando “la confianza y respeto de la sociedad”. Reiteró su agradecimiento al Poder Ejecutivo y a las Fuerzas Armadas, actores clave en la estrategia estatal de seguridad.
La sombra de Erick Cisneros
Aunque la exfiscal evita mencionarlo, su salto a la titularidad de la FGE estuvo rodeado de cuestionamientos desde el primer día debido a su cercanía con Erick Cisneros, secretario de Gobierno y una de las figuras más poderosas del gabinete durante la primera mitad del sexenio.
Antes de llegar a la Fiscalía, Hernández Giadáns era directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, bajo el mando directo de Cisneros, quien operó políticamente la salida de Winckler y la eventual llegada de su colaboradora cercana a la titularidad de la FGE.
Esa relación fue objeto de críticas recurrentes: desde dudas sobre la autonomía de la institución hasta señalamientos sobre la influencia del entonces secretario en decisiones internas de la Fiscalía, especialmente en casos de alto impacto político.
Pese a ello, la exfiscal siempre negó subordinación y defendió su independencia, aunque los hechos —incluida la coincidencia de sus movimientos políticos— alimentaron la percepción de una Fiscalía alineada al Ejecutivo y a su operador más visible.
Una renuncia en medio de cambios legales
La salida de Hernández Giadáns ocurre justo después de la aprobación de una reforma que modifica el proceso de designación del titular de la FGE, otorgando mayor control al Ejecutivo. La exfiscal dijo “coincidir con la bondad” de esta reforma, lo que para críticos confirma su relación política con el proyecto gubernamental.
El Congreso aprobó por obvia resolución su renuncia, a pesar de que su nombramiento —otorgado en 2020— tenía vigencia hasta 2029. Hasta ahora, no se han expuesto motivos claros más allá de los agradecimientos formales.
En la misma sesión, las diputadas y diputados aprobaron también la separación por un año de la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, un movimiento que se suma al reacomodo institucional que atraviesa Veracruz.
Un cierre con más preguntas que certezas
La Fiscalía veracruzana inicia un nuevo capítulo, pero la salida de Hernández Giadáns deja preguntas sin responder:
¿Fue realmente una renuncia voluntaria?
¿Se trata de una nueva reconfiguración política?
¿O es el desenlace de la caída de influencia de Erick Cisneros, su principal aliado?
Lo cierto es que, más allá del discurso de transformación que ella presume, la institución sigue cargando una deuda profunda con miles de víctimas que continúan esperando justicia.
