● Movimiento Ciudadano, en la mira y expuesto por su silencio y su falsa oposición
Xalapa, Ver.- La aprobación en el Congreso de Veracruz de la reforma al modelo de designación del Fiscal General del Estado (FGE) no es un simple ajuste administrativo, sino un peligroso giro que amenaza con subordinar la justicia al poder político, un verdadero madruguete parlamentario.
La esencia de la crítica es lapidaria y justificada: «La Fiscalía no puede ser juez y parte, y el Fiscal General del Estado no puede ser un empleado del Gobernador en turno.», expuso la oposición liderada por la Diputada Indira Rosales San Román.
La fragilidad de la autonomía bajo el nuevo modelo, con 42 votos a favor y solo 5 en contra, la mayoría legislativa impuso un cambio que, bajo la promesa de una procuración de justicia «más eficiente», en realidad centraliza la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo y desmantela los mecanismos de contrapeso y transparencia diseñados para garantizar que la FGE actúe con independencia.
La principal alarma radica en la eliminación de requisitos y procedimientos que funcionaban como «candados» contra la injerencia política, como la eliminación de convocatorias y entrevistas públicas, al suprimir la obligación de realizar procesos abiertos y transparentes, lo que permite al Ejecutivo proponer y al Congreso ratificar perfiles sin escrutinio público ni competencia.
Además de la supresión del requisito de separación partidista, cláusula que impedía a los aspirantes haber ocupado cargos partidistas en el último año es la grieta más grande. Esto abre la puerta a que «perfiles con vínculos políticos recientes» ocupen la titularidad de la FGE, transformando al Fiscal de un procurador de justicia a un potencial operador político.
El conteo final de 42 votos a favor y 5 en contra en un Congreso de 50 diputados revela una falta de compromiso y transparencia que merece el mayor reproche por los ciudadanos, ya que la falta de al menos 3 legisladores en la votación de una reforma constitucional, en un tema de trascendencia es inaceptable y se interpreta como una evasión del deber de representación. Habrá que ver si estas ausencias fueron estratégicas para facilitar la mayoría calificada o producto del desinterés.
La votación también expone una peligrosa ambigüedad en las fuerzas políticas que se dicen llamar opositoras o de centro. La bancada de Movimiento Ciudadano (MC), que debería ser una voz activa en la defensa de la autonomía institucional, no se distinguió en los escasos 5 votos en contra.
¿A dónde fue el voto de MC? ¿Se sumaron al bloque mayoritario, se abstuvieron (pese al cero oficial), o formaron parte de los ausentes? El silencio y la indefinición en un tema que centraliza el poder son, en la práctica, una cómplice y evidente concesión al Ejecutivo.
La reforma de la FGE, lejos de ser un avance, parece ser un retroceso institucional que supedita la justicia a los vaivenes de la política. El debate ahora se traslada a los Ayuntamientos, quienes tienen en sus manos la responsabilidad de evitar que Veracruz consolide un modelo donde la máxima autoridad investigadora sea, de facto, un brazo ejecutor del gobierno en turno, un empleado más del gabinete…
