“No estás tan mal”, le dijo un maestro frente a toda la clase. Ella y el resto de las y los estudiantes se quedaron callados.
Esa no era la primera vez que un maestro de la Universidad Veracruzana le decía algo parecido y eso que apenas estudiaba el segundo semestre.
Uno ya la había escogido como mensajera del grupo pero usaba su número para enviarle mensajes personales, otro le pidió que dejara a su pareja y ahora éste la miraba de arriba a abajo y le hacía comentarios sobre su apariencia.
Pero ella no pensó en presentar una queja pues ni siquiera sabía que existe una Guía para la Atención de Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual, que las autoridades escolares deben acatar en estos casos y que defiende sus derechos.
“No conocía de mis derechos ni nada de eso, desde entonces dejé de usar vestidos, pantalones entallados para esa clase y así”, contó desde el anonimato.
El desconocimiento y la dificultad para que el agresor sea sancionado, son las razones por las cuales las integrantes de la Red de Apoyo a Mujeres de la UV (RAMUV) consideran que muchas víctimas prefieren no presentar las quejas oficialmente.
De acuerdo con la Universidad Veracruzana, en el Recurso de Revisión IVAI-REV/879/2018/II, entre 2016 y 2017 recibió 10 quejas por violencias de género y 10 más por casos de hostigamiento o acoso sexual.
Mientras que en 2018 se presentaron oficialmente 8 quejas según la coordinadora de la Unidad de Género Beatriz Rodríguez Villafuerte. Sin embargo, añadió, es tan solo la mitad de quienes llegaron a buscar asesoría a esa unidad pues el resto no las oficializó.
Es decir, en tres años recibieron solamente 28 quejas entre las y los 81 mil 017 estudiantes que tiene la Universidad Veracruzana (de quienes el 54 por ciento son mujeres).
Convivir con el agresor
Ella se decidió a presentar una queja contra un estudiante de la acosaba constantemente por celular. Ella sabía que no era a la única a quien acosaba, pues muchas otras integrantes de la facultad habían vivido lo mismo.
Tras largo proceso el acosador fue suspendido seis meses para después regresar a las mismas aulas donde ella, quien lo había acusado, y sus otras víctimas estudiaban.
“El chico solamente recibió una suspensión de seis meses, con posibilidad de regresar, indicándole que requería ir al psicólogo al chico y ya (…) era como algo que suponía no incomodara a la víctima realmente, pero convivir con su agresor es demasiado fuerte”, narró una integrante de la Red.
Sólo 17 de las 24 quejas que se presentaron entre 2016 y septiembre 2018 terminaron en sanción , incluyendo un “extrañamiento” (que no se define a que se refieren), tres amonestaciones, cuatro suspensiones y siete rescisiones de contrato. Ello según el Recurso de Revisión ya citado.
“Una amonestación verbal que evidentemente eso no satisface a quien denuncia y muchas veces puede caer en el terreno de la revictimización, estamos teniendo cuidado en ese sentido”, aseguró la coordinadora de la Unidad de Género.
Fallas en la guía
“Van desde chistes machistas, misóginos, hasta tocamientos, abuso sexual (…) es infinito, yo creo que todas las mujeres que hemos pasado por ahí nos ha pasado algo o muy afortunada la que no, o no se ha dado cuenta tal vez porque a veces no nos damos cuenta”, afirmó una integrante de la Red, que como sus compañeras prefiere no dar su nombre pues han vivido intimidaciones por su activismo.
La guía para la atención de casos, asegura, no es obligatoria y por lo tanto cada autoridad puede dar el seguimiento como prefiera.
Según dicha guía, las quejas se pueden presentar ante la Unidad de Género, el directivo de la Facultad o el superior jerárquico de quién haya cometido el acto.
Posteriormente será turnada a la Junta Académica o el directivo que deba resolver, la investigará, tendrá una audiencia con la persona denunciada, desahogará pruebas y tendrá una resolución.
El proceso tarda mucho tiempo, al parecer de las integrantes de RAMUV, pero además suelen hacer públicos los nombres de la víctima.
“Generalmente optan por meter la denuncia a Junta Académica, tiene que realizar una relatoría de los hechos, con pruebas y todo esto (…) el rumor se extiende y también el nombre de la víctima porque el nombre de la víctima se lee”, contó una de las integrantes
Rodríguez Villafuerte coincidió en que existen algunos problemas en la forma en que se están atendiendo estos casos, por lo que indicó que crearán un protocolo que los subsane pero que además sea de carácter obligatorio.
Éste, afirmó, esperan presentarlo a finales del año ante Consejo Universitario para su aprobación.
“Vamos a poder no solo identificar cuales son los casos que tienen una mayor incidencia sino sobre todo qué norma vamos a poder aplicar, qué instrumento jurídico, qué sanción o cuál sería la intervención que necesitamos tener”, indicó.
Otros problemas que han detectado las estudiantes, es que durante las audiencias colocan a la denunciante y el denunciado en el mismo sitio y que no existe acompañamiento psicológico.
Ante ello, la coordinadora de la Unidad de Género dijo que se articularon con las clínicas universitarias para que se brinde la atención psicológica, mientras que la Defensoría Universitaria debe involucrarse en los casos para lograr las sanciones.
Agredidas por buscar justicia
“Un maestro que hasta la fecha sigue dando clases y hacía muchos comentarios misóginos, a mi una vez que fui con una blusa escotada me dijo ‘así te ves mucho mejor destapadita’, que las niñas con falda se sentaba hasta adelante (…) nos decían que no podían hacer nada, que no podían quitarlo de ahí de dar clases”, contó una estudiante de la Facultad de Sociología.
Esa y otras experiencias similares llevaron a las estudiantes de la Universidad Veracruzana a hacer el primer “tendedero” donde exhiben en pancartas los casos de acoso sexual de los que han sido víctimas.
Esa actividad creció hasta convertirse en la Red de Apoyo a Mujeres de la Universidad Veracruzana que acompaña e informa a las mujeres pero además hacen los tendederos como una forma de denuncia simbólica y pública de los casos.
Esa actividad no ha sido bien recibida por algunas personas que integran la comunidad universitaria, quienes inclusive han montado guardias para verificar que su nombre no sea exhibido o intentado coaccionar para que sea retirado.
“Un administrativo vio que una chica colgó su denuncia y la fue a perseguir, habló con ella y le exigió que quitara la denuncia que había hecho (…) no solo fueron los universitarios los que estaban checando que no saliera su nombre, sino también maestros y administrativos”, afirmó una estudiante.
Ante ello el anonimato ha sido su forma de protección, pues así las mujeres pueden entregar a algunas organizadoras las denuncias para hacer públicas y evitar la represalias.
Esas represalias a las que temen, es según la coordinadora de la Unidad de Género, una de las razones por las que a veces no se animan a hacer la denuncia y contra lo que aseguró deben blindar su protocolo.
Mientras eso pasa y el protocolo está listo, las mujeres de la universidad siguen siendo víctima de violencia pero también organizándose para buscar cambiar el sistema y obtener justicia.
Por Ana Alicia Osorio/Testigo Púrpura