¿Renuncia Gertz? Rumores, filtraciones y la puerta abierta a Ernestina Godoy
Una sesión del Senado mexicano marcada por tensión y rumores volvió a colocar en el centro del debate político la figura del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. En los pasillos y en redes se afirmó que habría una renuncia o una sustitución inminente; sin embargo, al cierre de la jornada no se había presentado un oficio de renuncia formal ni comunicado oficial que confirmara la salida del titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Así lo registraron medios que cubrieron la sesión y fuentes oficiales que, por ahora, hablan de versiones internas y confusión.
En paralelo a esas versiones, surgió con fuerza el nombre de Ernestina Godoy —actual consejera jurídica de la Presidencia y exfiscal de la Ciudad de México— como la figura preferida por el oficialismo para ocupar la titularidad de la FGR en caso de concretarse la salida de Gertz. Diversos portales y columnas políticas colocaron a Godoy como la carta principal del bloque en el poder, en un movimiento que, de confirmarse, implicaría un profundo giro en la conducción institucional de la investigación penal federal.
Filtraciones, escándalos y la tensión dentro de la 4T
El escenario en el que se mueven estos cambios no es neutro: en los últimos meses se han viralizado filtraciones y escándalos que han puesto en aprietos a actores políticos y a la propia narrativa oficial de la Cuarta Transformación. Entre los asuntos que saltaron a la opinión pública están investigaciones filtradas que vinculan redes de tráfico, contratos y presuntas irregularidades en torno a Pemex, un escándalo mediático-moral ligado al certamen Miss Universo y la exposición de lo que la prensa ha llamado “huachicol fiscal”. Estos episodios, algunos investigados por la FGR y otros sujetos a diligencias en curso, han terminado por alimentar críticas sobre cómo y a favor de quién operan las pesquisas.
Organizaciones de investigación y periodistas han señalado, además, la existencia de redes cuya actividad —según reportes— conectaría a grupos criminales con operadores políticos y concesionarios, poniendo en tela de juicio la eficacia y la independencia de las indagatorias con repercusiones nacionales. En este entramado aparece el apodo mediático del “cartel de la Barredora”, vinculado por investigaciones y notas de alto perfil con personajes cercanos a la esfera política y con la extracción irregular de combustibles en proyectos e instalaciones estratégicas como Dos Bocas. Estas publicaciones han señalado posibles encubrimientos y vínculos de funcionarios con bandas criminales, lo que elevó la temperatura política y contribuyó a la percepción de crisis en el interior del propio oficialismo.
Qué está en juego: independencia, confianza pública y liturgia política
La posibilidad de que la FGR —institución clave para procesar la corrupción y el crimen organizado— quede en manos de una funcionaria cercana al Ejecutivo genera un debate doble. Por un lado, el oficialismo argumentaría que un relevo puede ser un mecanismo para “blindar” investigaciones o acelerar procesos; por otro, críticos y sectores de la sociedad civil advierten que la sustitución de Gertz por un perfil afín al gobierno central podría profundizar la percepción de subordinación política de la Fiscalía y debilitar la independencia necesaria para perseguir delitos de alto impacto. Los rumores de sustitución por Ernestina Godoy alimentan exactamente ese choque de interpretaciones.
Al mismo tiempo, aquellos escándalos recientes —desde los presuntos vínculos en torno a Miss Universo y contratos con Pemex hasta la circulación de información sobre “huachicol fiscal” y presuntos favores a grupos— son el combustible que explica la sensibilidad pública. Las filtraciones han hecho estragos en la narrativa oficial: no sólo exhiben prácticas cuestionables, sino que colocan la pregunta central sobre si las carpetas de investigación se usan como herramienta política o como instrumento técnico para la verdad y la justicia.
Conclusión — Entre versiones y procedimientos
A la espera de documentación formal —renuncia, designación o procedimiento legal que fije el relevo—, el episodio pone en evidencia una fragilidad institucional: la Fiscalía General sigue siendo un centro neurálgico de poder con gran impacto político. Si el Senado y la Presidencia se mueven para abrir la puerta a Ernestina Godoy, el país enfrentará en pocos días una prueba de cómo se dirimen independencia judicial, rendición de cuentas y cálculo político. Si no hay renuncia formal, quedará, por ahora, la evidencia de que las filtraciones y los escándalos han puesto en jaque la estabilidad política del proyecto gobernante.
Lo que sigue: confirmar oficialmente cualquier renuncia u nombramiento —documento en mano— y exigir que las investigaciones que han sido objeto de filtraciones avancen con transparencia y no con imposiciones políticas. La legitimidad de la justicia federal está en juego; la ciudadanía y la prensa deberán mantener la vigilancia.
