Las quejas por tarifas excesivas, falta de opciones y prácticas monopólicas en los aeropuertos del país volvieron al centro del debate legislativo. Esta vez, la diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Gabriela Salas Rodríguez, presentó una iniciativa que busca permitir el ingreso de plataformas digitales de movilidad para recoger pasaje en terminales aéreas y puertos federales, un terreno históricamente controlado por servicios concesionados.
La propuesta plantea reformar el artículo 47 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de facultar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para otorgar permisos sin restricciones discrecionales, siempre que los solicitantes cumplan con la normatividad vigente. En los hechos, la reforma apunta a romper el control que grupos de taxistas mantienen en aeropuertos, donde usuarios denuncian cobros desproporcionados y un servicio limitado.
En la exposición de motivos, la legisladora sostiene que la actual regulación obliga a pasajeros nacionales y extranjeros a depender de taxis concesionados, cuyos costos superan por mucho los precios del transporte urbano convencional. Esta situación, señala, no solo afecta el bolsillo de los usuarios, sino que contraviene el derecho constitucional a la movilidad, al restringir la libertad de elegir el medio de transporte.
La iniciativa también busca poner fin a la criminalización de conductores de plataformas digitales, quienes actualmente pueden ser sancionados o retirados de los aeropuertos por recoger pasaje, aun cuando exista demanda clara del servicio. Con la reforma, su acceso estaría regulado y autorizado, en igualdad de condiciones con otros prestadores.
No obstante, el planteamiento también exhibe un problema estructural: durante años, las autoridades han tolerado esquemas cerrados en aeropuertos que benefician a unos cuantos concesionarios, sin una evaluación real del impacto en la calidad del servicio. La apertura a plataformas digitales aparece ahora como una medida correctiva frente a abusos normalizados, más que como una innovación regulatoria.
Aunque la diputada subraya que los permisos deberán cumplir con normas de seguridad y operación, el debate apenas comienza. El reto no será solo permitir el ingreso de nuevas opciones de transporte, sino garantizar que la competencia sea real, que los usuarios paguen tarifas justas y que los aeropuertos dejen de ser espacios donde el abuso tarifario se ha vuelto una práctica cotidiana.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, donde se definirá si el Congreso está dispuesto, ahora sí, a desmontar los privilegios que por años han marcado el servicio de transporte en los aeropuertos del país.
