Preludio del fracaso de la legalidad

Plana Mayor

PLANA MAYOR

Lic. César Gutiérrez

Quiero aclarar que estoy de acuerdo con la transformación para extirpar las malas prácticas que existieron en tiempos pasados; estoy de acuerdo que hoy se requieren cambios radicales en diversos órganos y dependencias del gobierno, pero es necesario partir de lo legalmente establecido, con una nueva dinámica para el buen ejercicio de los funcionarios públicos.

El buen juez por su casa empieza, revisa la limpieza y supervisa que salga la basura, por lo que realizaremos un breve análisis sobre términos de legalidad y la realidad en la operatividad:

Se observa que diariamente el gabinete de seguridad tiene sesión para el informe de las novedades al Presidente, donde se dan a conocer todos los asuntos relevantes o de información general para la ciudadanía, por lo tanto ¿el Secretario de Seguridad Ciudadana omitió informar sobre la planeación en la ejecución de un operativo de alto impacto, máximo si es hijo del Chapo Guzmán? Esto técnicamente no es posible porque estaría sobreabundando sus atribuciones para actuar por sí solo. Tan solo el proceso del planeamiento lleva el carácter de confidencial con la revisión del Alto Mando y el aprobado del Comandante Supremo, como se establece en las obligaciones y supuestos en los artículos 7, 8, 9, 10 y 14 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Ejército no pudo eximir los principios básicos de la planeación estratégica para concebir, preparar y conducir las operaciones.

Por otro lado, en toda dependencia, corporación y las fuerzas armadas, existe el parte y el informe verbal inmediato y el cual debe ser ratificado por escrito, de acuerdo a los procedimientos, políticas o reglamentos de cada organismo, los cuales tienen un proceso de revisión hasta su aprobación por los titulares de esas dependencias, por lo tanto es técnicamente imposible que un policía ministerial militar o un miembro de las fuerzas armadas actúe solo, sin una orden para ejecutar un operativo de alto impacto y máximo, si es la aprehensión del hijo del Chapo Guzmán, no es cualquier hijo de vecino, por lo tanto debió existir un mandato y autorización verbal o escrita de un superior de la estrategia que se iba a llevar a cabo, todo el personal táctico operativo que sabe de esto, reconocen que incluso a escasos minutos de iniciar una operación, llegan las órdenes de abortar, ya sea debido a la información de último momento o el nivel de riesgo de pérdidas humanas y materiales que se prevé suceda, ahí es donde realmente se salvan vidas, antes de desatar el infierno, no cuando ya está el incendio por todos lados y amagados por la delincuencia.

Ahora bien, dentro de la legalidad que nos marca la Constitución Política, nos indica que debe existir una orden legítima girada por un Juez competente para poder aprehender a un individuo o catear un domicilio, con base a los elementos materiales probatorios o señalamiento directo de un testigo que indique el Fiscal y denote la presunción de la probabilidad del despliegue de una conducta ilícita. Nuestro análisis nos arroja que los elementos ministeriales que ejecutaron la detención, no contaban con una orden en ese preciso instante, violándose el control legal de la detención y el debido proceso, ¿por qué tendrían que actuar como los gobiernos pasados? al fabricar aprehensiones y cateos ilícitos, argumentando una supuesta flagrancia en el momento del aseguramiento. Por lo tanto si existe responsabilidad del superior que dio la orden para ejecutar tal aberración en contra de la Justicia y la legalidad, estoy completamente seguro que el General Secretario no dio esa orden, cayó en una trampa política que lo está dejando mal parado, fue engañado por sus asesores y hoy, tiene que pasar calenturas ajenas (argot militar) por culpa de Durazo, quien lo embarcó en un problema que no era de él.

El recuento de los daños.

La travesía de Durazo costo pérdidas humanas y materiales, el costo político de la imagen de México a nivel internacional es crítica, luego del operativo exitoso de García Harfuch (aunque al parecer del poder judicial se realizaron detenciones arbitrarias) pone la muestra de cómo se hacen bien las cosas, coordinando de manera efectiva con las fuerzas armadas y la Guardia Nacional, bajando del pedestal para ponerse el uniforme y dejar el traje de catrín, es trabajar en equipo y no meter zancadillas, no es momento de aspiraciones políticas para ser gobernador de Sonora.

Hemos pasado de la versión que da el secretario Durazo de que los elementos militares y guardias nacionales fueron atacados por civiles armados al realizar un recorrido de rutina, a explicar que el operativo fue planeado con cinco meses de anticipación y que fue realizado de forma prematura por la presión de una delegación de funcionarios de nuestros vecinos del norte, por no decir la DEA, siendo esta la decima versión distinta de los hechos ocurridos en Culiacán, lo que si queda claro es que los elementos del Ejército Mexicano, fueron los mas perjudicados con las decisiones tomadas por el gabinete de seguridad, ya que ellos realizaron de forma correcta el operativo ahora fallido, porque si detuvieron a su objetivo, no hubo un solo disparo para esa detención y después recibieron la orden de desistir, al percatarse nuevamente el gabinete de seguridad nacional que las acciones emprendidas se salieron de su análisis de riesgos, por lo que el soldado como siempre de forma estoica recibe la culpa de un trabajo que en principio fue bien realizado, aun cuando fue mal planeado, nuevamente se ve que los políticos toman el crédito de los triunfos, pero que son los primeros en culpar a los demás de sus fracasos.

Por último, es necesario que las instituciones se modernicen en sus flujos de comunicación verbal y escrita, para coordinar esfuerzos y optimizar el recurso material con capital intelectual competente, que brinde soluciones y no genere más problemas, es necesario que exista un marco jurídico para tratar los asuntos de delincuencia de alto impacto para liberar órdenes de aprehensión y cateo, evitando la fuga de información, pero alineado con el irrestricto respeto a los derechos humanos, terminando con los compadrazgos y utilizando gente profesional y competente en los cargos de mayor responsabilidad, evitando actos de ilegalidad como los que se vivieron en este jueves negro 17 de octubre.

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