Ciudad de México.– El anuncio presidencial que abre la posibilidad de explotar gas no convencional mediante fracking no solo reaviva el debate energético en México: coloca en el centro una contradicción política directa. De acuerdo con la Alianza Mexicana contra el Fracking, la presidenta Claudia Sheinbaum incumple su compromiso de campaña de no permitir esta técnica en el país.
El señalamiento no es menor. La negativa al fracking fue una de las banderas asumidas por la actual mandataria durante su candidatura y retomaba una demanda sostenida por comunidades y organizaciones desde hace más de una década. Hoy, con la creación de un comité científico para evaluar su viabilidad, ese compromiso entra en una zona de ruptura. Como advierte el comunicado, “el gobierno federal abrió la puerta al fracking en México”.
Datos duros: producción insuficiente y dependencia estructural
Más allá del discurso, los números exhiben las limitaciones de la estrategia basada en gas fósil. Según el Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos:
- Producción proyectada de gas en 2035: 4,988 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd)
- Demanda actual de gas en México: alrededor de 9,000 MMpcd
La brecha es contundente: incluso en el escenario optimista de Pemex, el país no alcanzaría la autosuficiencia. Esto refuerza uno de los señalamientos del comunicado: “La soberanía energética no se logrará a través de la extracción de las reservas menguantes de gas en México”.
A ello se suma la estructura de consumo: el sector industrial —dominado en gran medida por capital transnacional— es el principal usuario de gas, lo que implica que una mayor producción no necesariamente se traduciría en beneficios directos para la población.
El costo real del fracking: inversiones millonarias
El componente económico también presenta obstáculos relevantes:
- Costo de instalación de plantas de tratamiento de agua: entre 5 y 10 millones de dólares por unidad
- Costo de tratamiento por barril de agua residual: entre 3 y 6 dólares
- Alto consumo energético en procesos de desalinización y tratamiento
Estos datos plantean una interrogante clave: ¿puede Pemex —una empresa con alta deuda— sostener este modelo sin recurrir a inversión privada?
El propio plan energético reconoce la necesidad de contratos mixtos, lo que abre la puerta a empresas extranjeras con tecnología y capital para desarrollar fracking, poniendo en entredicho la noción de soberanía. En ese sentido, el documento cuestiona: “¿depositaría Sheinbaum la soberanía de México en compañías estadounidenses con la experiencia, la tecnología y el capital para desarrollar fracking?”
Evidencia científica: más de 2,300 estudios documentan riesgos
La Alianza Mexicana contra el Fracking respalda su postura con evidencia acumulada a nivel internacional:
- Más de 2,300 estudios científicos compilados en 2023
- Conclusión central: “Los riesgos y los daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y van en aumento.”
Organismos como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático han reiterado que el metano —principal componente del gas fósil— tiene un efecto significativo en el calentamiento global, lo que contradice su promoción como “energía de transición”.
Antecedentes en México: riesgos ya visibles
El debate no ocurre en el vacío. En semanas recientes, incidentes vinculados a la industria fósil han encendido alertas:
- Derrame en el Golfo de México, con impactos prolongados en comunidades costeras
- Explosión del pozo Krem-1 en Las Choapas, Veracruz, con fuga de gas que ha persistido por semanas
Estos casos refuerzan uno de los argumentos centrales del comunicado: no existe forma de demostrar que esta industria sea sustentable, pues “no hay forma -mucho menos científica- de demostrar que la industria del gas y el petróleo es sustentable y no genera impactos negativos”.
Presión internacional y obligaciones legales
El posible impulso al fracking también contrasta con compromisos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido en 2026 que la dependencia de combustibles fósiles debilita la soberanía. En palabras del sistema internacional: “La dependencia de los combustibles fósiles está erosionando la seguridad y la soberanía nacionales”.
Además:
- Opiniones consultivas recientes establecen la obligación de prevenir daños ambientales significativos
- Instrumentos como el Acuerdo de Escazú obligan a garantizar participación pública y protección ambiental
Incumplimiento político y tensión social
Para la Alianza Mexicana contra el Fracking, el punto de fondo no es solo técnico ni económico, sino político: la decisión representa un incumplimiento de la palabra empeñada por Claudia Sheinbaum.
El posicionamiento es directo y recoge el sentir de comunidades afectadas: “No necesitamos fracking, necesitamos igualdad, justicia energética y climática”. Y va más allá al advertir que el mandato social sigue vigente: “¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!”.
El debate sobre el fracking en México se redefine bajo tres ejes concretos:
- Datos duros que evidencian la insuficiencia del modelo basado en gas
- Costos económicos elevados y dependencia tecnológica externa
- Un incumplimiento político que erosiona la credibilidad gubernamental
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta así una disyuntiva estructural: sostener su narrativa de soberanía energética o reconocer que la apertura al fracking implica, al mismo tiempo, una contradicción con sus compromisos de campaña y con la ruta de transición energética que México ha prometido seguir.
