Renuncia de Medina Mora ¿Fin del pacto de impunidad?

Rubén Salazar Vázquez.

Director de Etellekt.

Hace poco más de un año, mencionaba en este mismo espacio que si pensábamos que el presidente electo López Obrador perdonaría a sus adversarios, era importante recordar “que Benito Juárez no inauguró su Tercera República con Maximiliano sentado en el Congreso” (Heraldo de México, 25/IX/2018).

Ese presagio cobra mayor relevancia con la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, motivada por la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Santiago Nieto, que en coordinación con autoridades de Estados Unidos y Reino Unido, seguía la pista de presuntas transferencias millonarias del ahora ex ministro a cuentas bancarias de ambos países.

Ya desde la transición, el equipo de AMLO señalaba a Medina Mora de impulsar dentro de la Suprema Corte de Justicia la derogación de la Ley de Seguridad Interior, con la que pretendía devolver a los militares a sus cuarteles, y provocar una ruptura entre las Fuerzas Armadas y la 4T; una estrategia que el ex ministro buscaba apalancar con el apoyo de organizaciones aliadas de la sociedad civil, agrupadas en #SeguridadSinGuerra, algunas de ellas promotoras de la militarización policial con Felipe Calderón, pero opuestas a la militarización de la Guardia Nacional.

Prevenido a tiempo, AMLO garantizó la lealtad de las Fuerzas Armadas al enviar la iniciativa de reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, que al ser aprobada por el Poder Legislativo, terminó por suprimir a la Policía Federal, que para el Presidente era una fuerza leal al régimen calderonista, del que Medina Mora formó parte como procurador General de la República entre 2006 y 2009, disputando en vano con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en dicho gobierno, el control de la estrategia de combate al narcotráfico, un plan avalado por el ex presidente demócrata de Estados Unidos, Barack Obama, quien junto con su secretaria de Estado, Hillary Clinton, autorizaron la “venta” de armas de alto poder de ese país a los cárteles en México, a través de la operación “Rápido y Furioso”, sobre la cual Medina Mora tenía pleno conocimiento, según documentos del Departamento de Justicia estadounidense.

Al instalarse en la Suprema Corte, Medina Mora tuvo la encomienda de blindar a los gobiernos de Peña y Calderón ante posibles investigaciones por corrupción y delitos de lesa humanidad, asociados a la guerra contra el narcotráfico; un pacto de impunidad que les daría protección hasta 2030.

En ese tenor, la renuncia de Medina Mora es producto de una alianza entre la 4T y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo gobierno aportó información financiera de Medina Mora a la UIF, y que de acuerdo a lo que me compartieron algunos colegas de la 4T, es apenas el principio de nuevas indagatorias contra ex operadores de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, entre ellos García Luna y sus ex colaboradores.

Sin embargo, se trata de una alianza binacional que podría pender de un hilo, ya sea por un posible impeachment (juicio político) contra Trump, o de fracasar éste en su intento de reelegirse en 2020.

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